Una emergencia sanitaria no anula las actuales normativas legales sobre el tratamiento de datos personales. Con este dictamen, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) le ha impuesto una ejemplar multa de 20.000 euros -que se reducían a 16.000 si pagaba de forma inmediata- a unos laboratorios de Dénia a los que el Ayuntamiento de Calp contrató para realizar análisis sanguíneos con el fin de detectar casos de covid en 25 empleados de la concejalía de Servicios Sociales. La causa de la sanción, que los laboratorios le habrían comunicado los resultados de la prueba a la concejala del área y actual portavoz del PP, Noelia Ciscar, sin el permiso de al menos una de las trabajadoras, que fue la que puso la reclamación.

El ayuntamiento, que también ha sido investigado aunque contra él no consta ninguna medida en la documentación pública de la Agencia, encargó las pruebas el 11 de abril de 2020, esto es, en la primera ola del coronavirus y en unos momentos de gran alarma social por la llegada de la pandemia. De hecho, los 25 trabajadores, que se sometieron a los análisis de forma voluntaria, eran considerados personal de alto riesgo ya que prestaban ayuda domiciliaria en contacto con personas vulnerables.

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Fuente: La Marina Plaza