La app Radar COVID, destinada al rastreo digital de infecciones de coronavirus, fue fuente de polémicas desde el primer momento, cuando, en lo peor de la pandemia en 2020, el Gobierno encargó a Indra su desarrollo. Generó desconfianza entre la ciudadanía, evidenció la total descoordinación entre administraciones públicas, y rápidamente quedó claro que su utilidad era muy reducida: no había forma de notificar un positivo propio, o no se recibían las notificaciones de contactos de riesgo.

Finalmente, su desarrollo, mantenimiento y promoción nos salió a los españoles por 4,2 millones de euros. Dado que la app sólo fue capaz de registrar el 1% de los contagios de COVID que tuvieron lugar en nuestro país (121.390 positivos); de modo que, dividiendo su coste entre el número de casos que registró, cada uno de ellos terminó costando 35 euros.

La app no evitó muchos contagios, pero sí evitará pagar por sus infracciones del RGPD

Pero, aunque hace mes y medio supimos que el contrato de mantenimiento con Indra ya no iba a ser renovado, por lo que la app quedaba abandonada por la Administración, las consecuencias de la app no han abandonado a la Administración…

Y es que, hace unas horas, la AEPD (Agencia Española de Protección de Datos) publicaba (aquí el PDF) un expediente sancionador contra la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (el organismo gubernamental que firmó el contrato con Indra) por violar hasta 8 artículos del Reglamento General de Protección de Datos a causa Radar COVID.

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Fuente: Genbeta