¿Puede estar tranquilo el empresario que cumple escrupulosamente con la normativa, incluso, si por una circunstancia impredecible y ajena a su voluntad se produce una brecha de seguridad? ¿O el resultado lesivo seguirá implicando, en cualquier caso, una sanción?

El próximo 11 de enero la Sala de lo Contencioso-Administrativo aclarará finalmente este punto negro. Es cuando la Sección Primera, con el presidente de la Sala al frente, César Tolosa, deliberará, votará y fallará el recurso de casación interpuesto en mayo pasado por el abogado especializado en protección de datos Xavier Saula, de Auris Advocats, contra una sentencia de la Audiencia Nacional de 22 de julio de 2020.

Dicho fallo ratificaba una acuerdo previo de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por la que sancionó con 40.000 euros de multa a una empresa de seguridad que había sufrido una brecha de seguridad.

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