En materia de protección de datos, desde el próximo 25 de mayo de 2022, existe la obligación de tener al día los contratos de encargados del tratamiento de acuerdo a las exigencias del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Según la Disposición Transitoria 5ª de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), a partir de esa fecha los contratos con encargados del tratamiento (es decir, cualquier proveedor nuestro que maneje información personal que nosotros le damos) todavía no adaptados al RGPD, implicarán un incumplimiento de la norma.

En materia de comercio electrónico, desde el 1 de enero de 2022, se ha adaptado a la normativa española la Directiva europea (UE) 2019/771 relativa a determinados aspectos de los contratos de compraventa de bienes. Eso implica cuatro cambios:

A) La garantía legal de los productos pasa a ser de 3 años, en lugar de 2;

B) Surge la obligación de mantener la existencia de piezas de reparación y de un servicio técnico adecuado durante 10 años desde que finalice la fabricación o deje de prestarse el servicio, en lugar de los 5 años actuales;

C) Cambia la carga de la prueba, de forma que se amplía de 6 meses a dos años el periodo en el que el consumidor no necesita demostrar la falta de conformidad del producto y;

D) El plazo de garantía en el caso de contenidos o servicios digitales pasa a ser de 2 años, en tanto que la directiva amplía la aplicación de los derechos de los consumidores también a estos contratos.

En materia de consumo, y antes del 28 de mayo de 2022, se verán modificadas tres leyes: la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, la Ley de Competencia Desleal y la Ley de Ordenación del Comercio Minorista.